Cooperativas Agro-alimentarias participa y apoya la tractorada- manifestación que convocan las 3 organizaciones en Madrid el próximo lunes 26 de febrero con recorrido desde la Plaza de Carlos V – MINISTERIO DE AGRICULTURA hasta la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana nº 46.
Hay que estar a partir de la 10:00 h. en la Plaza de Carlos V. El comienzo de la manifestación será a las 11:00 h. y está previsto que termine alrededor de las 14:30 h.
Los autobuses, la gran mayoría, estacionarán en la calle Méndez Álvaro; y otros, en la calle Alfonso XII en la verja del Parque del Retiro. Ambos emplazamientos están muy cerca del Ministerio.
EL PUNTO PARA BAJAR Y SUBIR DEL AUTOBÚS SERÁ EL MISMO. ES DECIR, LA LLEGADA Y RECOGIDA ES EL MISMO PUNTO EN EL QUE OS DEJA EL AUTOBUS.
La cooperativa pone a disposición de todos los socios que lo deseen un autobús.
OBLIGATORIO INSCRIBIRSE EN LAS OFICINAS ANTES DE LAS 12:00 DEL VIERNES 23 DE ESTE MES.
1.-Política hidráulica con inversiones en infraestructuras. La situación que vive el campo es desastrosa debido al déficit hídrico por la falta de lluvias, la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas y la falta de inversiones en infraestructuras durante décadas, que impide que, cuando llueve, esa agua pueda ser almacenada para utilizarla en épocas de escasez. ¿En qué se traduce todo esto? En que los agricultores no pueden producir alimentos, que es lo que saben hacer, y si no hay producciones en el campo, tampoco hay empleo en las cooperativas, que son las empresas que mantienen la economía en los pueblos de Andalucía. Por ello, la federación exige garantías en el acceso al agua, inversiones en infraestructuras y un reparto equitativo, sin quitar agua a nadie, de los recursos hídricos entre los territorios andaluces e incluso españoles (Plan Hidrológico Nacional). Con una apuesta decidida por el agua a nivel político, que incluya todas las fuentes posibles (trasvases, aguas regeneradas, aguas desaladas, etc.) fruto de una estrategia consensuada entre administraciones, pues el agua no puede seguir siendo el arma arrojadiza entre distintas siglas políticas.
2.-Eliminación de burocracia y simplificación real de la PAC. El sector no se niega a producir de manera más sostenible, todo lo contrario. De hecho, la agricultura y la ganadería andaluza ya están a la vanguardia en métodos respetuosos con el medio ambiente, como son la Producción integrada, la producción ecológica, el control biológico de plagas o la mejora de semillas que requieren menos tratamientos. Sin embargo, el exceso de burocracia que traen las normativas de la Política Agraria Común (PAC) asfixia a los agricultores y ganaderos, que deben estar más centrados en tareas administrativas que en producir alimentos. Por ello, el sector reclama la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación, que supone una absurda complicación más, ya que obliga a incluir, de manera telemática, datos referentes a las superficies cultivadas y su producto (fertilizantes y fitosanitarios), la maquinaria de la explotación, los aplicadores fitosanitarios vinculados a la explotación, etc., lo que requiere de tiempo, conocimiento y conectividad a internet (que en muchas zonas rurales aún no hay), obligando a dar un salto tecnológico a muchos propietarios o a subcontratar a un técnico para realizar esta tarea, cuando la Administración no ha favorecido esta adaptación tecnológica del sector. Por ello, la federación exige una flexibilización de dichas políticas con recursos y tiempo suficientes para que las explotaciones puedan adaptarse a ellas.
3.- La federación exige que se incorporen medidas fiscales a beneficio del sector a corto, medio y largo plazo para mermar la crisis del sector. Entre ellas, la subida del IVA compensatorio de los productos agrarios al 21%.
4.- Ayudas directas para afrontar la sequía en consonancia con los costes de producción actuales. Unos costes que hace que, aunque son muchos los productos agrarios están en precios récord, la rentabilidad de las explotaciones brille por su ausencia. El incremento de los costes productivos, unido a la merma de cosechas por la sequía, está llevando al sector a una situación límite, pues cuentan con la mitad de cosecha que les ha costado el doble producirla. Además, si hay pocos alimentos y es caro producirlos aquí, el sector de la distribución irá a buscarlos a terceros países, con el consiguiente encarecimiento de la cesta de la compra.
5.- Cláusulas espejo. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exige la modificación de los acuerdos comerciales en los que se incluyan las cláusulas espejos y que se refuerce el principio de preferencia comunitaria. Las cooperativas andaluzas queremos competir con nuestros productos en los mercados internacionales con las mismas reglas de juego que los productores extracomunitarios en materia laboral, ambiental y social, garantizando así la competitividad de los agricultores andaluces y la salud de los consumidores. No nos negamos a la importación de alimentos de fuera, pero siempre y cuando éstos se hayan producido con la misma estricta normativa que se nos exige a nosotros. Pero esto no se cumple. De hecho, desde enero de este año se han notificado ya 199 alertas sanitarias de alimentos que han entrado con clorpirifos, un insecticida prohibido en Europa desde 2020 por su impacto nocivo sobre la salud. Por eso, exigimos, un mayor control en las fronteras y que se cumplan los contingentes acordados. Igualmente, exigimos control al etiquetado fraudulento de alimentos producidos en terceros países y que se reetiquetan para venderse como productos españoles.
6.-No a la Ley de la Cadena. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía denuncia que, aunque esta ley tiene un propósito loable, como es el veto a los precios por debajo de coste de producción, su cumplimiento es inviable si no se prohíbe primero la competencia desleal que ejercen terceros países, ya que, al no estar sujetos a cumplir las mismas normativas que los productores europeos, tienen costes más competitivos y pueden bajar sus precios. Algo imposible para nuestros agricultores y ganaderos. Al competir en mercados globalizados, si un tomate almeriense tiene un coste mínimo fijado de 1 euro el kilo y un tomate marroquí de 0,60 euros el kilo, ¿qué tomate será el que acabarán comprando las grandes superficies? Esta norma conlleva a que muchos de nuestros productos, que no pueden bajar más los precios, se queden sin vender.
7.-Derogación ley de bienestar animal. La federación exige protección para los sectores productivos ganaderos, siempre en la diana de campañas de desprestigio que vinculan al sector con el calentamiento global o con enfermedades graves, cuando la ganadería extensiva y el pastoreo es el mejor cortafuegos frente a catástrofes ambientales. En este sentido, pedimos la derogación de la ley de bienestar animal, que supone más carga burocrática, complicaciones en la gestión diaria y costes para el sector, lo que está empujando al cierre de cada vez más explotaciones ganaderas.
8.-Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exige que la Reforma Laboral contemple las particularidades del empleo agrario, que es de carácter temporal porque las campañas son limitadas en el tiempo, pero eso no significa precariedad laboral. Además, exige un estudio profundo referido tanto a la mano de obra como a las cargas sociales.
9.-Medidas de apoyo reales al relevo generacional. Es necesario respaldar la incorporación de las nuevas generaciones a la actividad agraria y ganadera con medidas políticas, (dándole prioridad en la concesión de ayudas) y económicas (con bonificaciones). Además, la federación exige no sólo asegurar la incorporación de los jóvenes al campo, sino también su permanencia, a través de la profesionalización, rentabilidad y éxito de sus explotaciones.
10.-Revisión y modificación de la Ley de Restauración de la naturaleza y la Agenda 20-30. Los agricultores y ganaderos somos conscientes de nuestro papel como defensores de la tierra y reconocemos la necesidad de continuar adoptando prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la biodiversidad y la protección de hábitats. Pero no podemos permitir ataques directos a nuestras explotaciones y medio de vida, que supongan la despoblación de las zonas rurales si un 40% de las explotaciones situadas en zonas protegidas se ven obligadas a abandonar la actividad agraria, con el consiguiente impacto económico y social. Por ello, exigimos una revisión de las leyes que se fraguan desde Bruselas y que las nuevas directrices que se aprueben estén basadas en criterios productivos.
